La sociedad exige con cada vez más frecuencia el cumplimiento de las leyes ambientales y por eso ha surgido una figura legal que permite defender el medio ambiente ante los Tribunales, ya que estamos hablando de un elemento que es de todos y que es de interés común. Con el objetivo de proteger el medio ambiente nace el concepto de justicia ambiental.
Se llama justicia ambiental a la distribución equitativa de cargas y beneficios en el uso y aprovechamiento de los bienes naturales que son de interés común. Hablamos, en este caso, del agua y el aire, por ejemplo.
Este concepto tiene una dimensión ambiental y otra social y aplica las teorías de la justicia al campo del medio ambiente y la ecología.
En este sentido, considera el medio ambiente y los servicios del ecosistema como elementos del bien común.
Este término implica, por tanto, que hay derechos y obligaciones para todos respecto al entorno que nos rodea: individuos, familias, comunidades, empresas, administraciones, etc.
El Convenio Aarhus reconoce el derecho a la justicia gratuita -o sin un coste económico excesivo- para las ONG ambientales, pero todavía es una cuestión que cuesta poner en práctica y los propios abogados de estas organizaciones han tenido que pelear en los tribunales por este reconocimiento.
Este derecho permite a dichas organizaciones poder acudir a los Tribunales de Justicia para denunciar planes urbanísticos abusivos o licencias ilegales en suelo rústico, por ejemplo.
La aplicación de este nuevo concepto de justicia ambiental ha conseguido que los informes técnicos y las decisiones políticas, al sentirse más vigilados, sean cada vez más cuidadosos con sus pretensiones respecto al entorno natural.
El Convenio Aarhus reconoce también el derecho a la información ambiental y a la participación pública, para así garantizar que el acceso a la justicia ambiental sirva para poder defender el medio ambiente.
