La transición energética tiene un coste elevado, y no solo en materia de inversiones y concienciación. Si para ti supone ahorrar con los electrodomésticos y coger menos el coche, para las empresas implica pagar mucho, muchísimo dinero.
En 2005 el Protocolo de Kioto presionó a la UE para que alcanzara una serie de objetivos en materia de emisiones de CO2. ¿Qué pasa? Pues que los países implicados sabían que en muchos casos los límites eran inalcanzables.
Así fue cómo nació el que ahora se conoce como el mercado de CO2; un lugar en el que se pueden comprar y vender "permisos" para emitir más gases GEI de los que se permiten de acuerdo a la normativa. Estos son los derechos de emisión de CO2.
A nivel práctico es como si la UE concediera créditos de emisiones a los países del continente que luego estos tienen que gestionar para saber hasta dónde pueden llegar con los efectos de la generación energética.
Lo estamos simplificando muchísimo pero es basta como idea general. Y ojo, no es solo algo burocrático. Estos derechos han estado parcialmente influyendo a las subidas de los precios de la luz y eso seguro que sí que te suena de algo.
Por eso en este artículo queremos abrir el melón. Para hablar de cambio climático y transición energética hay que hablar de los derechos de emisión de CO2. Vayamos punto por punto.
Como hemos adelantado, los derechos de emisión de CO2 son unos permisos que concede la Unión Europea a las principales empresas contaminantes del continente. Con ellos estas pueden sobrepasar los límites acordados para la transición energética.
Para las compañías es un coste más asociado a la generación de energía. Es decir, que lo incluyen en sus previsiones para calcular las inversiones de negocio. En realidad están pagando por emitir gases de efecto invernadero. ¿En qué sentido esto es positivo?
Bueno, aunque suene contradictorio, los derechos de emisión de CO2 están pensados para desincentivar la contaminación de forma progresiva. El objetivo, en palabras del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico es uno muy claro:
"Es la principal herramienta de la UE para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, el sector de generación eléctrica y el transporte aéreo en todos los Estados del Espacio Económico Europeo", explica La Moncloa.
Los gases que se limitan y controlan son el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), y algunos perfluorocarbonos (CF4 y C2F6).
Actualmente este mercado afecta en España a casi 1000 instalaciones y a unos 30 operadores aéreos. En Europa hablamos de casi 11.000 instalaciones; en torno al 45% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (2000 millones de toneladas de CO2).
Fuera quedan las instalaciones con menos de 2500 toneladas de CO2 y las que emiten menos de 25.000 toneladas que se acogieron a la exclusión antes de la última actualización.
Antes de meternos en el funcionamiento de los derechos de emisión vamos a listar los elementos que operan en este mercado. Nos guiamos por la información que concede el Ministerio a nivel público.
Sí, los derechos de emisión de CO2 permiten a las empresas contaminar más de lo que estipulan los protocolos comunitarios para luchar contra el cambio climático. Pero también fuerzan a todas ellas a pasar por el mismo aro. Y esa es justo la clave del asunto.
La UE asigna una cantidad limitada de derechos a cada país. Luego cada uno de ellos reparte estos "créditos" entre las empresas incluidas dentro del mercado. Para ello tienen dos alternativas:
Lo primero se reserva a sectores muy concretos. Desde 2013 el sector eléctrico está exento y las operadoras aéreas han ido perdiendo favor. Hoy el 60% de las asignaciones se hacen mediante subastas públicas y la idea es que en el futuro supongan el 100%.
¿Quienes reciben trato de favor? Pues las empresas que están expuestas a la fuga de carbono. Es decir, a sectores en los que la presión normativa puede terminar expulsando a las empresas para que trasladen su actividad a países más favorables.
La UE cada vez emite menos derechos de CO2. De 2013 a 2020 se redujeron un 1,74% cada año, y a partir de 2020 ese descenso ha crecido hasta el 2,2% interanual.
A esta presión para las compañías se sumó que en diciembre de 2020 la Comisión acordó reducir en 2030 al menos un 55% la contaminación respecto a los niveles de 1990. Al haber menos derechos, las compañías solo tienen dos salidas posibles:
Al optar por lo segundo aumentan la demanda y por tanto empujan los precios hacia arriba. Terminan pagando más por lo que emiten, y de esa forma acaban igualmente teniendo que ceder para apostar por la la reducción de CO2. Es un sí o sí para la UE.
Hay que entender que para las empresas en este mercado, reducir las emisiones de CO2 es sinónimo de ahorrar costes. Ah,y no hay obligaciones individuales; cada una puede escoger las estrategias que quiera en función de sus previsiones comerciales.
Para evitar que se acumulen demasiados derechos de emisión de CO2 en el mercado, y que eso desincentive la reducción entre las empresas, la UE actualizó el sistema en 2019 incluyendo lo que se conoce como "reserva de estabilidad de mercado".
Este sistema permite hacer frente a la deflación del mercado provocada por el exceso de oferta, regulando automáticamente los derechos de emisión que se ponen en circulación. Funciona con un algoritmo desarrollado para garantizar ciertos márgenes.
Recordemos que hay un mercado principal para comprar derechos de emisión en subastas diarias, y otro secundario en el que las empresas acumulan estos créditos y los venden a otras compañías que los necesitan más. Esto es lo que se quiere controlar.
Para entender cómo afectan los derechos de emisión de CO2 al precio de la luz te recomendamos que antes eches un vistazo a nuestro post sobre la cogeneración. ¿Qué tiene que ver el mix energético en todo esto? Pues bastante.
Imagina a una compañía eléctrica importante que trabaja en ciclos combinados de gas natural. Si cada vez le cuesta más producir la energía por las subidas de precios en las subastas, poco a poco irá vendiendo su producción más cara en el mercado mayorista.
Si recuerdas el funcionamiento marginalista del sistema, el precio final de la electricidad a la que compran las operadoras es el más alto del día anterior. Así se garantiza la cobertura de toda la demanda en el país.
Solo tienes que sumar dos y dos. Las empresas generadoras pagan más, trasladan ese sobrecoste a sus precios, y estos los asumen las operadoras, que los empujan a las facturas. Por eso se dice que la transición energética es cosa de todos.
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